Sin una acción de la sociedad que coloque a la transparencia y la rendición de cuentas con todos los reflectores necesarios, será difícil relanzarlos para incluirlos en la agenda nacional, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard.
El IFAI, dijo, ha estado empeñado en ir más allá del acceso a la información, pasar a un gobierno abierto y, después, a esa rendición de cuentas que implica, necesariamente, el involucramiento de la sociedad civil.
“Esto no se hace con puras instituciones del Estado”, indicó Peschard, y agregó que si no hay medios, si no hay opinión pública, si no hay acción de la sociedad civil, cualquier iniciativa como ésta no prospera.
En la conmemoración de los 10 años de la Declaración de Oaxaca, iniciativa que alentó la elaboración y posterior promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil que la impulsaron, como integrantes del Grupo Oaxaca, propusieron dicho relanzamiento.
Al dar la bienvenida a esta propuesta, la comisionada presidenta del IFAI dijo estar convencida de que se trata de asuntos que sirven al gobierno para ganar en eficacia y legitimidad, y que, además, deben confirmarse y ratificarse constantemente.
La comisionada presidenta afirmó que el IFAI toma esta iniciativa como un reto y como un compromiso con los grupos de la sociedad civil, como el Grupo Oaxaca.
Peschard recordó que hace 10 años, el lanzamiento del tema del acceso a la información fue producto de un impulso y una fuerza ciudadana, como ocurrió en años anteriores con el tema de las reformas electorales y las instituciones electorales confiables.
“Esta es nuestra apuesta”, aseguró la comisionada presidenta, y consideró que el IFAI tiene ganada una confianza ciudadana que es necesario potenciar, para acompañar este nuevo lanzamiento de la transparencia y la rendición de cuentas, como lo han solicitado quienes integraron el Grupo Oaxaca
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martes, 31 de mayo de 2011
miércoles, 27 de abril de 2011
Hay que vigilar datos personales
En democracia, el ciudadano debe conocer todo lo que hace su gobierno, pero éste, a cambio, sólo lo mínimo de los ciudadanos, expuso María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos (IFAI).
Al participar en el Foro Revisión integral de la Legislación del Estado de México en materia de Protección de Datos Personales, la comisionada destacó la importancia de que exista una regulación para la protección de datos, tanto en el sector privado como en el público, particularmente, ante el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información (TI).
Las TI, dijo, ofrecen ventajas sociales, comerciales y económicas, pero también riesgos, como la invasión de la privacidad de las personas.
“El punto no es evitar el desarrollo tecnológico, sino tomar las precauciones necesarias para no perjudicar a la persona de quien se tienen sus datos”, agregó en su participación en este evento organizado por la Comisión Especial de Protección de Datos Personales del Congreso estatal.
La comisionada del IFAI señaló que en una democracia que se precie de serlo, el ciudadano debe tener la posibilidad de conocer todo respecto de su gobierno, y la regla debe ser el acceso a la información y la excepción, la reserva.
En el caso de los datos personales es lo contrario, indicó: “El gobierno debe conocer el mínimo indispensable de los ciudadanos. Ese es el equilibrio en el que debemos caminar e ir trabajando, y qué mejor que tener marcos normativos".
María Marván aclaró que no se trata de que los ciudadanos no den información personal, pues ésta es necesaria para obtener créditos, atención médica u otro tipo de servicios públicos o privados.
Pero fue enfática al subrayar que, en el caso del Estado, éste debe tener información de los ciudadanos, pero únicamente para conocer las necesidades de la sociedad y diseñar políticas públicas.
El evento fue encabezado por el diputado Gustavo Parra, presidente de la Comisión Especial de Protección de Datos Personales en el Congreso estatal, quien estuvo acompañado por los consejeros Óscar Guerra Ford y Salvador Guerrero, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), y Eugenio Monterrey, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, entre otros.
Al participar en el Foro Revisión integral de la Legislación del Estado de México en materia de Protección de Datos Personales, la comisionada destacó la importancia de que exista una regulación para la protección de datos, tanto en el sector privado como en el público, particularmente, ante el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información (TI).
Las TI, dijo, ofrecen ventajas sociales, comerciales y económicas, pero también riesgos, como la invasión de la privacidad de las personas.
“El punto no es evitar el desarrollo tecnológico, sino tomar las precauciones necesarias para no perjudicar a la persona de quien se tienen sus datos”, agregó en su participación en este evento organizado por la Comisión Especial de Protección de Datos Personales del Congreso estatal.
La comisionada del IFAI señaló que en una democracia que se precie de serlo, el ciudadano debe tener la posibilidad de conocer todo respecto de su gobierno, y la regla debe ser el acceso a la información y la excepción, la reserva.
En el caso de los datos personales es lo contrario, indicó: “El gobierno debe conocer el mínimo indispensable de los ciudadanos. Ese es el equilibrio en el que debemos caminar e ir trabajando, y qué mejor que tener marcos normativos".
María Marván aclaró que no se trata de que los ciudadanos no den información personal, pues ésta es necesaria para obtener créditos, atención médica u otro tipo de servicios públicos o privados.
Pero fue enfática al subrayar que, en el caso del Estado, éste debe tener información de los ciudadanos, pero únicamente para conocer las necesidades de la sociedad y diseñar políticas públicas.
El evento fue encabezado por el diputado Gustavo Parra, presidente de la Comisión Especial de Protección de Datos Personales en el Congreso estatal, quien estuvo acompañado por los consejeros Óscar Guerra Ford y Salvador Guerrero, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), y Eugenio Monterrey, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, entre otros.
Deben transparencia...
A unos días de que concluyan los trabajos del actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) considera necesario señalar lo siguiente:
1) El Instituto hace un nuevo y respetuoso llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados, en particular a quienes integran las comisiones de Gobernación, Justicia y Función Pública para que deliberen y, en su caso, aprueben el dictamen a la minuta de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2) Las reformas a la Ley, ya aprobadas por el Senado de la República, son indispensables debido a que brindan nuevos alcances al derecho de acceso a la información y un marco jurídico adecuado al derecho de protección de datos personales en posesión de las dependencias y entidades públicas.
3) La transparencia en la función pública es una condición indispensable para nuestra vida democrática y una clara y creciente demanda social. Es fundamental avanzar hacia una segunda generación de la transparencia en México, en donde las dependencias y entidades gubernamentales asuman una posición proactiva, que signifique un salto cualitativo, no sólo en el acceso a la información, sino también en la rendición de cuentas.
4) La reforma al artículo sexto constitucional, del 20 de julio de 2007, otorgó un plazo de un año a todas las legislaturas del país para reformar y adecuar las leyes de acceso a la información a los nuevos principios y bases constitucionales.
5) El legislador tiene un pendiente con la sociedad en materia de transparencia. Es deseable y conveniente adecuar, de una vez, la legislación secundaria a la letra constitucional.
6) Por lo anterior, el IFAI exhorta a cumplir con ese mandato legal en este periodo ordinario de sesiones que concluye el sábado 30 de abril próximo.
1) El Instituto hace un nuevo y respetuoso llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados, en particular a quienes integran las comisiones de Gobernación, Justicia y Función Pública para que deliberen y, en su caso, aprueben el dictamen a la minuta de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2) Las reformas a la Ley, ya aprobadas por el Senado de la República, son indispensables debido a que brindan nuevos alcances al derecho de acceso a la información y un marco jurídico adecuado al derecho de protección de datos personales en posesión de las dependencias y entidades públicas.
3) La transparencia en la función pública es una condición indispensable para nuestra vida democrática y una clara y creciente demanda social. Es fundamental avanzar hacia una segunda generación de la transparencia en México, en donde las dependencias y entidades gubernamentales asuman una posición proactiva, que signifique un salto cualitativo, no sólo en el acceso a la información, sino también en la rendición de cuentas.
4) La reforma al artículo sexto constitucional, del 20 de julio de 2007, otorgó un plazo de un año a todas las legislaturas del país para reformar y adecuar las leyes de acceso a la información a los nuevos principios y bases constitucionales.
5) El legislador tiene un pendiente con la sociedad en materia de transparencia. Es deseable y conveniente adecuar, de una vez, la legislación secundaria a la letra constitucional.
6) Por lo anterior, el IFAI exhorta a cumplir con ese mandato legal en este periodo ordinario de sesiones que concluye el sábado 30 de abril próximo.
martes, 8 de marzo de 2011
Abren convocatoria para contralores
Con el objetivo de que sean los capitalinos a través de la Red de Contralorías Ciudadanas quienes vigilen, supervisen y garanticen transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y el desempeño de los ministerios púbicos, se publicaron las convocatorias para renovar a los integrantes de los programas de Contraloría Ciudadana, afirmó la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Lizbeth Rosas Montero.
Precisó que dichos programas establecidos en el ordenamiento correspondiente, buscan promover una mayor responsabilidad de la sociedad e impulsar una participación activa a favor de la transparencia gubernamental, lo que representa un avance a favor de los capitalinos.
Resaltó que la red de Contralorías Ciudadanas será el instrumento de participación por el que los ciudadanos, integrantes de los Comités Ciudadanos, el Consejo del Pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, asuman el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración local.
Rosas Montero sostuvo que conforme a la Ley de Participación Ciudadana, quienes participen en el Programa de Contraloría Ciudadana, tendrán el carácter de Contralores Ciudadanos, estarán acreditados por el Jefe de Gobierno; regulados y supervisados por la Contraloría General local.
En cuanto al programa de Contraloría Ciudadana en agencias el Ministerio Público denominado “visitadores ciudadanos”, la diputada señaló que la función de esta figura, creada desde el 2007, es establecer un mecanismo permanente de vigilancia ciudadana para promover la transparencia de la gestión en dichos espacios.
“Se busca que tanto los ministerios públicos como sus auxiliares presten debidamente el servicio, actuando con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y con la máxima diligencia, además de promover un trato profesional, respetuoso y amable por parte de los servidores públicos de la Procuraduría a la ciudadanía”, planteó Rosas Montero.
Los ciudadanos que participen en este programa dijo, tendrán entre sus funciones observar que se respeten los derechos de los indiciados y de las víctimas del delito, así como de la población en general, por parte del Ministerio Público y sus auxiliares, reportar a las instancias competentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las irregularidades detectadas para su atención inmediata, dar seguimiento a la atención y solución de quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, entre otros.
Detalló que el Programa en adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, busca establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público destinado a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.
Además podrán participar en los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios y vigilar la legalidad y transparencia de los procesos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, la aplicación del gasto público, atendiendo a los principios de honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia. La transparencia de las adjudicaciones de contratos, el cumplimiento de las normas, procedimientos y especificaciones, además del desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia, entre otros.
Respecto del programa de Contraloría Ciudadana en Obras Públicas y Servicios Relacionados, indicó de igual que forma que se busca crear un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público destinado a las obras públicas y servicios relacionados.
Lo integrantes de la red de contraloría ciudadana podrán participar en los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas, a cuando menos tres concursantes en materia de obras públicas y servicios relacionados, en operativos de vigilancia, verificación y/o evaluación, así como vigilar el cumplimiento y ejecución de las obras.
Precisó que dichos programas establecidos en el ordenamiento correspondiente, buscan promover una mayor responsabilidad de la sociedad e impulsar una participación activa a favor de la transparencia gubernamental, lo que representa un avance a favor de los capitalinos.
Resaltó que la red de Contralorías Ciudadanas será el instrumento de participación por el que los ciudadanos, integrantes de los Comités Ciudadanos, el Consejo del Pueblo en coadyuvancia con la autoridad tradicional, de los Consejos Ciudadanos y de las organizaciones ciudadanas, asuman el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración local.
Rosas Montero sostuvo que conforme a la Ley de Participación Ciudadana, quienes participen en el Programa de Contraloría Ciudadana, tendrán el carácter de Contralores Ciudadanos, estarán acreditados por el Jefe de Gobierno; regulados y supervisados por la Contraloría General local.
En cuanto al programa de Contraloría Ciudadana en agencias el Ministerio Público denominado “visitadores ciudadanos”, la diputada señaló que la función de esta figura, creada desde el 2007, es establecer un mecanismo permanente de vigilancia ciudadana para promover la transparencia de la gestión en dichos espacios.
“Se busca que tanto los ministerios públicos como sus auxiliares presten debidamente el servicio, actuando con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, eficacia y con la máxima diligencia, además de promover un trato profesional, respetuoso y amable por parte de los servidores públicos de la Procuraduría a la ciudadanía”, planteó Rosas Montero.
Los ciudadanos que participen en este programa dijo, tendrán entre sus funciones observar que se respeten los derechos de los indiciados y de las víctimas del delito, así como de la población en general, por parte del Ministerio Público y sus auxiliares, reportar a las instancias competentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las irregularidades detectadas para su atención inmediata, dar seguimiento a la atención y solución de quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, entre otros.
Detalló que el Programa en adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, busca establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público destinado a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.
Además podrán participar en los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios y vigilar la legalidad y transparencia de los procesos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, la aplicación del gasto público, atendiendo a los principios de honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia. La transparencia de las adjudicaciones de contratos, el cumplimiento de las normas, procedimientos y especificaciones, además del desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia, entre otros.
Respecto del programa de Contraloría Ciudadana en Obras Públicas y Servicios Relacionados, indicó de igual que forma que se busca crear un mecanismo de vigilancia ciudadana para promover y evaluar la transparencia de la gestión pública y el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público destinado a las obras públicas y servicios relacionados.
Lo integrantes de la red de contraloría ciudadana podrán participar en los procedimientos de licitación pública e invitaciones restringidas, a cuando menos tres concursantes en materia de obras públicas y servicios relacionados, en operativos de vigilancia, verificación y/o evaluación, así como vigilar el cumplimiento y ejecución de las obras.
Transparencia...
Las reformas a la Ley Federal de Transparencia que revisa la Cámara de Diputados deben dar certeza a la naturaleza de la información pública y al ejercicio del derecho de acceso a la misma, señaló la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard.
“Se debe de hacer más público lo que es público, fortaleciendo las decisiones de las autoridades en materia de acceso a la información, declarándolas inatacables”, manifestó.
En declaraciones a periodistas, Peschard habló del trabajo que llevan a cabo las comisiones legislativas para dictaminar la minuta del Senado de la República por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia, y que ya fueron aprobadas el martes pasado en lo general.
En el análisis en lo particular quedaron pendientes cuatro artículos que, en opinión de la comisionada presidenta, son fundamentales para consolidar los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas: 18 bis, 46, 55 y 59.
La importancia del primero de estos artículos, expuso, es que en la Ley misma –y no con base en criterios del IFAI- se garantice el acceso a la información de los fideicomisos, de las operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos federales.
Jacqueline Peschard comentó que en la ley actual no hay ninguna referencia a los fideicomisos públicos y que, ante esa ausencia, el Instituto desarrolló un criterio que establece que si un fideicomitente –quien aporta los recursos- es un sujeto obligado, la información sobre dichos recursos debe ser pública.
“Es muy importante saber cuáles son los recursos, los montos, para los cuales se abre un fideicomiso y cuál es la dependencia o entidad que da esos recursos”, señaló.
La comisionada presidenta del IFAI destacó la importancia que tienen los artículos 46 y 55 bis, con respecto a la posibilidad que abren los cambios aprobados por el Senado, para que se generen y expidan documentos solicitados en los casos en que los ordenamientos jurídicos obliguen a hacerlo a las dependencias y entidades gubernamentales.
Asimismo, subrayó que, de manera particular pugnará porque se apruebe en sus términos el artículo 59 reformado por la Cámara Alta, en el que se establece que las resoluciones del Instituto serán “definitivas e inatacables” para las dependencias y entidades públicas.
En materia de transparencia y rendición de cuentas no debe haber lugar para regateos, por lo que las reformas a la Ley de Federal de Transparencia deben ser “definitivas e inatacables” y así poder avanzar por el camino de las libertades, de la apertura y del respeto irrestricto de los derechos.
Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), transparencia y rendición de cuentas son características de las democracias modernas, y el acceso a la información, un derecho fundamental de los mexicanos.
En los siguientes días, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la minuta de las reformas a la Ley, que recibió del Senado de República y cuyo propósito es dar un impulso renovado a la transparencia y mayores garantías a las personas, haciendo más público lo que es público y fortaleciendo las decisiones de la autoridad al declararlas inatacables.
Las comisiones unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia de la H. Cámara de Diputados aprobaron el documento, en lo general, el martes pasado, quedando pendiente, en lo particular, la discusión de cuatro artículos fundamentales para la consolidación de los avances alcanzados en materia de acceso a la información gubernamental.
En días recientes, el presidente Felipe Calderón anunció dos nuevas iniciativas de leyes federales que apuntan al combate a la corrupción y a la opacidad, y abonan en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
El Ejecutivo Federal externó ideas coincidentes con la filosofía y el quehacer cotidiano del IFAI, como la necesidad de “contar con gobiernos transparentes que rindan cuentas a la sociedad” o la afirmación de que es “en los espacios de opacidad donde más se incuba la corrupción entre los mexicanos”.
Sin duda, “es preciso ampliar el escrutinio ciudadano” y provocar que “la legislación en materia de transparencia y acceso a la información sea una norma general en cada una de las entidades de la República…”.
El IFAI tiene la certeza de que la Ley Federal de Transparencia debe ser enriquecida y actualizada en todo el país, a todos los niveles de gobierno. La legislación federal requiere de reformas urgentes que refuercen el ejercicio efectivo y expedito del derecho de las personas para acceder a la información pública.
“Se debe de hacer más público lo que es público, fortaleciendo las decisiones de las autoridades en materia de acceso a la información, declarándolas inatacables”, manifestó.
En declaraciones a periodistas, Peschard habló del trabajo que llevan a cabo las comisiones legislativas para dictaminar la minuta del Senado de la República por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia, y que ya fueron aprobadas el martes pasado en lo general.
En el análisis en lo particular quedaron pendientes cuatro artículos que, en opinión de la comisionada presidenta, son fundamentales para consolidar los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas: 18 bis, 46, 55 y 59.
La importancia del primero de estos artículos, expuso, es que en la Ley misma –y no con base en criterios del IFAI- se garantice el acceso a la información de los fideicomisos, de las operaciones bancarias o fiscales que involucren recursos públicos federales.
Jacqueline Peschard comentó que en la ley actual no hay ninguna referencia a los fideicomisos públicos y que, ante esa ausencia, el Instituto desarrolló un criterio que establece que si un fideicomitente –quien aporta los recursos- es un sujeto obligado, la información sobre dichos recursos debe ser pública.
“Es muy importante saber cuáles son los recursos, los montos, para los cuales se abre un fideicomiso y cuál es la dependencia o entidad que da esos recursos”, señaló.
La comisionada presidenta del IFAI destacó la importancia que tienen los artículos 46 y 55 bis, con respecto a la posibilidad que abren los cambios aprobados por el Senado, para que se generen y expidan documentos solicitados en los casos en que los ordenamientos jurídicos obliguen a hacerlo a las dependencias y entidades gubernamentales.
Asimismo, subrayó que, de manera particular pugnará porque se apruebe en sus términos el artículo 59 reformado por la Cámara Alta, en el que se establece que las resoluciones del Instituto serán “definitivas e inatacables” para las dependencias y entidades públicas.
En materia de transparencia y rendición de cuentas no debe haber lugar para regateos, por lo que las reformas a la Ley de Federal de Transparencia deben ser “definitivas e inatacables” y así poder avanzar por el camino de las libertades, de la apertura y del respeto irrestricto de los derechos.
Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), transparencia y rendición de cuentas son características de las democracias modernas, y el acceso a la información, un derecho fundamental de los mexicanos.
En los siguientes días, el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la minuta de las reformas a la Ley, que recibió del Senado de República y cuyo propósito es dar un impulso renovado a la transparencia y mayores garantías a las personas, haciendo más público lo que es público y fortaleciendo las decisiones de la autoridad al declararlas inatacables.
Las comisiones unidas de Gobernación, Función Pública y Justicia de la H. Cámara de Diputados aprobaron el documento, en lo general, el martes pasado, quedando pendiente, en lo particular, la discusión de cuatro artículos fundamentales para la consolidación de los avances alcanzados en materia de acceso a la información gubernamental.
En días recientes, el presidente Felipe Calderón anunció dos nuevas iniciativas de leyes federales que apuntan al combate a la corrupción y a la opacidad, y abonan en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
El Ejecutivo Federal externó ideas coincidentes con la filosofía y el quehacer cotidiano del IFAI, como la necesidad de “contar con gobiernos transparentes que rindan cuentas a la sociedad” o la afirmación de que es “en los espacios de opacidad donde más se incuba la corrupción entre los mexicanos”.
Sin duda, “es preciso ampliar el escrutinio ciudadano” y provocar que “la legislación en materia de transparencia y acceso a la información sea una norma general en cada una de las entidades de la República…”.
El IFAI tiene la certeza de que la Ley Federal de Transparencia debe ser enriquecida y actualizada en todo el país, a todos los niveles de gobierno. La legislación federal requiere de reformas urgentes que refuercen el ejercicio efectivo y expedito del derecho de las personas para acceder a la información pública.
viernes, 25 de febrero de 2011
Piden a GDF datos de obras
La Diputación Permanente solicitó al Gobierno local información relativa a la constitución de los dos sistemas de actuación por cooperación para el Foro Estadio y una Universidad CNCI/GDF que detalle los estudios de impacto ambiental y de mecánica de suelo, además de los beneficios o efectos sociales y un proyecto financiero y de obra.
El punto suscrito por el diputado perredista Leonel Luna Estrada señala que se desconocen los alcances reales del proyecto Foro Estadio, construcción que se plantea realizar en 84 hectáreas en el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte, pero ha generado preocupación entre los habitantes.
Señala que antes de concretar cualquier obra, es necesario cumplir múltiples etapas porque en la Gaceta Oficial que da a conocer estos sistemas de actuación por cooperación, sólo se menciona la autorización para la participación de la Administración Pública del Distrito Federal, los compromisos que deberá cumplir y la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sin embargo, sólo se ha publicado la intención de la inversión, por lo que aún no existe comunicación oficial sobre su ejecución.
Se insiste en que se carece de información sobre los requerimientos obligados para dichas obras, como los estudios de impacto, los de mecánica de suelo, los beneficios o efectos sociales, el proyecto financiero y de obra, pero lo más importante: la consulta ciudadana que demuestre la viabilidad del proyecto.
El punto suscrito por el diputado perredista Leonel Luna Estrada señala que se desconocen los alcances reales del proyecto Foro Estadio, construcción que se plantea realizar en 84 hectáreas en el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte, pero ha generado preocupación entre los habitantes.
Señala que antes de concretar cualquier obra, es necesario cumplir múltiples etapas porque en la Gaceta Oficial que da a conocer estos sistemas de actuación por cooperación, sólo se menciona la autorización para la participación de la Administración Pública del Distrito Federal, los compromisos que deberá cumplir y la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sin embargo, sólo se ha publicado la intención de la inversión, por lo que aún no existe comunicación oficial sobre su ejecución.
Se insiste en que se carece de información sobre los requerimientos obligados para dichas obras, como los estudios de impacto, los de mecánica de suelo, los beneficios o efectos sociales, el proyecto financiero y de obra, pero lo más importante: la consulta ciudadana que demuestre la viabilidad del proyecto.
lunes, 31 de mayo de 2010
Atentado contra la transparencia
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública manifiesta su enérgico rechazo a la decisión de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conocer y resolver en torno a juicios de nulidad contra resoluciones del Instituto.
Tal posicionamiento es una violación a la normatividad que da vigencia y viabilidad al derecho fundamental de las personas a acceder a la información pública. Toda vez que:
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º Fracción IV, a la letra dice: “se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”.
2.- El artículo 59, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que las resoluciones del IFAI son definitivas para las dependencias y entidades de la administración pública federal.
3.- El artículo 73 de la Constitución señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de facultades para dirimir controversias entre autoridades; y
4.- La Ley Orgánica de ese Tribunal no lo faculta para conocer de las impugnaciones derivadas de las resoluciones del IFAI.
5.- En congruencia con estos principios normativos el Poder Judicial ha resuelto reiteradamente la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de las resoluciones del IFAI, y el propio Tribunal en 30 casos anteriores determinó su incompetencia para conocerlos. Por ello, resulta inexplicable que la Décima Sala Regional Metropolitana haya admitido y resuelto en contra de dichos principios.
La posición de la Sala Regional es un gravísimo retroceso en la lucha y esfuerzo de la sociedad mexicana por lograr la plena vigencia del derecho al acceso a la información pública, resultado de una larga lucha por la consolidación de nuestra democracia. Por lo anterior, el IFAI acudirá ante las autoridades competentes para defender la integridad de este derecho fundamental.
Tal posicionamiento es una violación a la normatividad que da vigencia y viabilidad al derecho fundamental de las personas a acceder a la información pública. Toda vez que:
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º Fracción IV, a la letra dice: “se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”.
2.- El artículo 59, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que las resoluciones del IFAI son definitivas para las dependencias y entidades de la administración pública federal.
3.- El artículo 73 de la Constitución señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de facultades para dirimir controversias entre autoridades; y
4.- La Ley Orgánica de ese Tribunal no lo faculta para conocer de las impugnaciones derivadas de las resoluciones del IFAI.
5.- En congruencia con estos principios normativos el Poder Judicial ha resuelto reiteradamente la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de las resoluciones del IFAI, y el propio Tribunal en 30 casos anteriores determinó su incompetencia para conocerlos. Por ello, resulta inexplicable que la Décima Sala Regional Metropolitana haya admitido y resuelto en contra de dichos principios.
La posición de la Sala Regional es un gravísimo retroceso en la lucha y esfuerzo de la sociedad mexicana por lograr la plena vigencia del derecho al acceso a la información pública, resultado de una larga lucha por la consolidación de nuestra democracia. Por lo anterior, el IFAI acudirá ante las autoridades competentes para defender la integridad de este derecho fundamental.
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