En democracia, el ciudadano debe conocer todo lo que hace su gobierno, pero éste, a cambio, sólo lo mínimo de los ciudadanos, expuso María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos (IFAI).
Al participar en el Foro Revisión integral de la Legislación del Estado de México en materia de Protección de Datos Personales, la comisionada destacó la importancia de que exista una regulación para la protección de datos, tanto en el sector privado como en el público, particularmente, ante el desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información (TI).
Las TI, dijo, ofrecen ventajas sociales, comerciales y económicas, pero también riesgos, como la invasión de la privacidad de las personas.
“El punto no es evitar el desarrollo tecnológico, sino tomar las precauciones necesarias para no perjudicar a la persona de quien se tienen sus datos”, agregó en su participación en este evento organizado por la Comisión Especial de Protección de Datos Personales del Congreso estatal.
La comisionada del IFAI señaló que en una democracia que se precie de serlo, el ciudadano debe tener la posibilidad de conocer todo respecto de su gobierno, y la regla debe ser el acceso a la información y la excepción, la reserva.
En el caso de los datos personales es lo contrario, indicó: “El gobierno debe conocer el mínimo indispensable de los ciudadanos. Ese es el equilibrio en el que debemos caminar e ir trabajando, y qué mejor que tener marcos normativos".
María Marván aclaró que no se trata de que los ciudadanos no den información personal, pues ésta es necesaria para obtener créditos, atención médica u otro tipo de servicios públicos o privados.
Pero fue enfática al subrayar que, en el caso del Estado, éste debe tener información de los ciudadanos, pero únicamente para conocer las necesidades de la sociedad y diseñar políticas públicas.
El evento fue encabezado por el diputado Gustavo Parra, presidente de la Comisión Especial de Protección de Datos Personales en el Congreso estatal, quien estuvo acompañado por los consejeros Óscar Guerra Ford y Salvador Guerrero, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), y Eugenio Monterrey, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, entre otros.
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