Con las manos limpias

El caso Cabañas es un caso especial de corrupción, uno que podríamos llamar “de manos limpias”.

Por un lado, los miembros del PRD, de donde surgió el actual delegado, aseguran que el caso Cabañas es político: se ensucia el nombre y fama del delegado y del partido, no se busca resolver una situación. Y es verdad que la seguridad dentro de antros y bares es responsabilidad de los dueños, no puede responsabilizarse al delegado por el atentado contra el jugador. Pero, si no hay verificaciones de la seguridad, entonces las autoridades no cumplen con garantizar a los vecinos y parroquianos que se cumple con la ley, que si es su responsabilidad.

Los que aseguran que hubo sobornos de los dueños del Bar Bar a autoridades de la delegación Álvaro Obregón, deben probar su dicho. Pero las declaraciones de Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), en una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hacen pensar que los hubo y los hay: “Cuando hay corrupción, hay dos partes: un empresario y un verificador. Todos están involucrados. No importa quién lo pida, al final de cuentas se da”. Agregó que detrás de cada verificador está el director Jurídico y de Gobierno de la delegación, quien firma las actas.

Pero no es esta corrupción la que hay que hacer resaltar del caso Cabañas, sino un tipo especial. Uno de “manos limpias”.

Se da cuando las autoridades legislativas (diputados) y las ejecutivas (delegados) crean un vacío legal que es llenado por la regalada gana de una autoridad. Hay una ley, pero como es contradictoria, entonces queda en la pura voluntad, criterio, buen saber, simpatía o antipatía de una autoridad su acatamiento, su cumplimiento.

Por un lado, el Reglamento de Verificaciones Administrativas del DF, ordena que las delegaciones deben verificar una vez cada tres años a antros y bares. Una sola vez durante el gobierno de un delegado, pues. Pero, por otro lado, la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF, ordena que las delegaciones deben también hacer verificaciones de manera extraordinaria. Es decir, ¿cuándo debe la delegación verificar el funcionamiento de antros y bares? Las veces que decida el delegado, mas una.

El número de verificadores ilustra esta corrupción “de manos limpias”: la ley obliga a la delegación a tener verificadores, pero, sin precisar su número o tipo. En la delegación Cuauhtémoc hay 19 verificadores para 70,000 unidades económicas: restaurantes, bares, cantinas, table dances, etc. Se tiene, entonces, la excusa perfecta para afirmar que se cumple con la ley, pero que no se resuelven problemas. Hasta el 26 de enero, un día después del intento de homicidio al jugador del América, el jefe de Gobierno del DF publicó una nueva Ley de Establecimientos Mercantiles, que en su Artículo XII dice: “El reglamento de la presente Ley garantizará el número de verificadores, calificadores y demás personal administrativo necesario para realizar con eficacia y eficiencia la verificación y demás procedimientos administrativos”.

¿Qué se puede hacer? Los ciudadanos debemos conocer la ley, hablar de ella para, imaginando casos, preveer su funcionamiento, y en caso de dudas o ambigüedad, denunciarlos. Sin observatorios ciudadanos que cumplan esta tarea, las imprecisiones, ambigüedades o casos no previstos por los redactores de las leyes, se seguirán conviertiendo en más y más notas y notas rojas.