La intervención de los ciudadanos en el presupuesto participativo, la intervención del Instituto Electoral del Distrito Federal, entre otros, son algunos de los puntos que presentó la diputada Lizbeth Rosas Montero en la iniciativa de Ley sobre el Funcionamiento y Operación de los órganos de Representación Ciudadana del Distrito Federal.
La legisladora detalló que el monto del presupuesto participativo en el que podrán decidir los Comités Ciudadanos en que se debe gastar, es de uno a tres por ciento del presupuesto de cada demarcación y la distribución deberá ser justa entre todas las colonias sin poder excluir a ninguna de estas.
La propuesta de la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana obliga al Jefe de de Gobierno a incluir en el apartado de las delegaciones del proyecto de presupuesto de egresos, los montos y rubros en que habrán de aplicarse los recursos del presupuesto participativo.
Por su parte la Asamblea Legislativa aprobará los proyectos participativos, basándose en las evaluaciones de desempeño de los Comités que lleve a cabo el Instituto Electoral del Distrito Federal.
Asimismo establece como un derecho de los representantes ciudadanos recibir como apoyo material toda la papelería, un equipo de computo personal e impresora, además de acceso permanente a Internet para su funcionamiento, mismos que el IEDF debe otorgar.
“Con la finalidad de que los representantes ciudadanos puedan trabajar de forma digna, el Instituto estará obligado a incluir en su proyecto de presupuesto de egresos los montos de recursos suficientes para otorgar los apoyos materiales y los diputados tendremos que revisarlo y aprobarlo”, sostuvo Rosas Montero.
La intención, apuntó la legisladora es que los ciudadanos trabajen de la mejor manera posible, sin embargo también proponemos marcar como faltas graves la intención de algún representante vecinal de obtener lucro por sus funciones o bien haga proselitismo político a favor de algún partido político, coalición, candidato o formula durante el periodo de su encargo.
Finalmente señaló que la iniciativa presentada a Comisión de Gobierno, obliga también al Jefe de Gobierno, Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales a rendir por escrito informes anuales generales y específicos, a más tardar cada 31 de agosto y que la omisión de los informes será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos, además de dar conocimiento a la Contraloría General local.
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