El diputado local Horacio Martínez Meza presentó la propuesta de iniciativa de Ley para el Uso, Utilidad y Aprovechamiento del Espacio Público en el Distrito Federal, la cual pretende regular las marchas y movilizaciones en la capital del país, misma que será entregada a la Comisión de Gobierno para su análisis.
En conferencia de prensa, el legislador, acompañado de la Dip. Patricia Razo y el diputado federal Víctor Hugo Círigo comentó que, tan sólo en 2007, cerca de doce y medio millones de personas realizaron dos mil 932 movilizaciones sociales en la vía pública para expresar sus demandas, quejas o inconformidades con acciones gubernamentales de índole local, federal o contra instituciones privadas, por lo que es vital importancia que se regulen en busca del beneficios de los ciudadanos.
En la nueva configuración y movilidad urbana, hay que tomar en cuenta la solución del problema, las garantías y responsabilidades de los manifestantes, la capacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, considerar a Derechos Humanos como actor en el tema y sobre todo, buscar un equilibrio entre libertades individuales: respetar el derecho a la manifestación de la ideas y hacer lo mismo con el derecho al libre tránsito y al bienestar colectivo de los que convivimos en la Ciudad.
El cierre y bloqueo de vialidades importantes y sobre todo de aquellas donde se encuentran ubicados cientos de negocios en la Ciudad, ocasionan pérdidas de hasta 80 millones de pesos diarios, según datos del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el Distrito Federal.
Recordó que, debido a la coyuntura política que vivió nuestro país a raíz de las elecciones presidenciales en julio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, recibió la queja presentada por una peticionaria a la que se acumularon 184 más, una de las cuales incluía otras mil 551, de integrantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), la CDHDF emitió la Recomendación 16/2006 dirigida a la Jefatura del GDF, por obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable.
La peticionaria y dos mil 455 habitantes y transeúntes de la Ciudad de México se vieron afectados por la instalación de campamentos en diversas vialidades del Distrito Federal. Es importante resaltar que esta Recomendación no fue aceptada. Sin embargo, la investigación de esta Comisión evidenció que las afectaciones señaladas en las quejas influyeron en el trabajo, en la economía, en la salud, en el estado psicofísico, en la seguridad pública y en la seguridad personal, entre otras.
La Cámara de Comercio de la Ciudad de México, presenta otros datos relativos a las afectaciones sobre la economía de la Ciudad ocasionada por manifestaciones. Las pérdidas económicas, según esta Cámara, “ascienden a 319 millones de pesos por una marcha que dura de dos a tres horas y si se trata de una megaprotesta, los daños van de 574 hasta 960 millones, dependiendo la zona que abarque”.
Explicó que, a pesar de que en legislaturas pasadas se abordado el tema, las iniciativas presentadas hasta el momento han estado limitadas, pues abordan de manera parcial el problema de la utilización del espacio público, toda vez que sólo se avocan al problema que causan las manifestaciones y marchas, dejando a un lado una serie de fenómenos y procesos de gestión y ordenamiento territorial del espacio público.
Y, por otra parte dijo que no se ha tratado de establecer y fomentar el enfoque de la corresponsabilidad y el bienestar colectivo, el cual nos lleva a reconocer el peso e importancia de nuestros actos, por ejemplo limitar el tránsito y transgredir derechos de terceros o no ofrecer alternativas y diálogo para los que tienen el derecho a manifestarse y expresar sus demandas e inconformidades.
Por todo lo anterior, la presente Ley motiva la creación de una Junta de Concertación y Diálogo Social, que fungirá como órgano de diálogo y mediación entre las autoridades y los actores sociales que tienen como propósito organizar una manifestación en la Ciudad; y tendrá por objeto promover la corresponsabilidad y el recurso de concertación para evitar manifestaciones públicas y exhortar a las autoridades a atender las demandas o quejas que solicitan los manifestantes procurando: dar solución a las demandas y tratar de evitar el desgaste de los que recurren al derecho de manifestarse.
Por otra parte y de acuerdo con el estudio realizado por el organismo Transparencia Mexicana, el aumento de “Franeleros” es considerable, ya que en sólo siete años este índice casi se duplicó. En 2000 era de 38. 9 por ciento, en 2005 de 68.9 por ciento y en 2007 subió a 71.3 por ciento, por lo que esta Ley pretende regularizar esta actividad.
Asimismo y como parte de esta ley computa por siete capítulos, en los cuales también se podrá regular y restringir el tránsito de vehículos pesados y de carga en zonas de alto riesgo, por ejemplo donde haya grietas o bien, zonas de valor patrimonial, entre otros.
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