lunes, 29 de marzo de 2010

Organiza PT foro sobre trabajo doméstico

A fin de explorar alternativas que permitan modificar la Ley Federal del Trabajo, conocer la problemática y brindar mejores condiciones laborales para las y los trabajadores que se emplean en el servicio doméstico, la diputada del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa, Ana Estela Aguirre y Juárez, organizó el foro: “Por una ley justa para las trabajadoras y los trabajadores el hogar”.

La legisladora afirmó que el objetivo es reconocer y respetar los derechos humanos y laborales del gremio, que culminarían en una reforma al artículo 13 de la legislación federal, pero “podría comenzarse porque dichos derechos sean reconocidos en el Distrito Federal”.

Invitado como ponente, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, afirmó que en la actualidad el trabajo doméstico mantiene relaciones coloniales y no se reconoce como una relación profesional, perpetuando usos como el regateo del salario. “Es este resabio de colonialismo el que ha llegado incluso al grado de justificar la violencia sexual contra las trabajadoras”, resaltó.

A la Comisión que encabeza, dijo, le interesa llamar la atención sobre la problemática de las y los trabajadores domésticos, con miras a resolver la inequidad y discriminación de la que son sujetos, pues “da cuenta de una de las más claras formas de violencia y violación a los derechos instaurada en la relaciones humanas entre mexicanos”.

El ombudsman capitalino apuntó que por la índole del trabajo doméstico, cuyo principio es una relación entre particulares, la CDHDF no puede intervenir directamente, pero afirmó la necesidad de hacer campañas que dignifiquen el trabajo doméstico para que se reconozca como un trabajo profesional, con derechos humanos y laborales fundamentales, exigibles, y que se pongan de manifiesto en una formalización contractual.

Coincidió en que es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo, para que se les reconozca como trabajadores en toda la extensión del término, con derechos laborales claros: a la salud, vivienda, programas de capacitación, prestaciones, entre otros.

Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, señaló que después de 30 años de investigación académica, la problemática de las trabajadoras domésticas debe ser colocada en el plano de la política pública del país y el trabajo legislativo, ya que sus derechos laborales han sido excluidos del marco federal, particularmente en los dos últimos sexenios.

Destacó que la Asamblea Legislativa podría convertirse en la punta de lanza de una reforma para que a nivel federal se discutan y resuelvan aspectos como: nomenclatura oficial; duración de la jornada de trabajo; horas extras; derecho a comida y vivienda dignas; ambiente sano, seguro y libre de acoso; medidas de seguridad e higiene; derecho a capacitación, educación y a continuar con actividades comunitarias y tradición; evitar la discriminación en el trato y lenguaje; derecho a seguro social y gastos funerarios; indemnización en caso de accidentes; no despido por embarazo, entre otros.

Brenda Sánchez, representante del Inmujeres del Distrito Federal, afirmó que actualmente el sector abarca cerca de 2 millones de trabajadores, de los cuales 90 por ciento son mujeres y cerca del 10 por ciento, 205 mil, trabajan en la Ciudad de México.

Apuntó que muchos de estos trabajadores ganan menos del salario mínimo a cambio de casa y alimento. “Es necesario que se reconozcan los derechos de las trabajadoras domésticas ya que este tipo de trabajo es imprescindible en la marcha y funcionamiento de las sociedades actuales”, concluyó.

Hilda Téllez Lino, Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), afirmó que el 96 por ciento de estos trabajadores no tienen derecho a la salud, 80 por ciento no tienen ninguna prestación, 36 por ciento no cuenta con educación básica y el 11 por ciento no sabe leer ni escribir.

Para las trabajadoras domésticas, afirmó, el espacio entre ambiente laboral y vida privada se diluye. El trabajo doméstico, al no insertarse en la productividad, es aislado y prácticamente invisible, por lo tanto, “documentar o visibilizar los abusos es más difícil”.

Por si fuera poco, concluyó, las y los trabajadores domésticos son también “víctimas de discriminación legislativa”, pues en las agendas sindicales la lucha por sus derechos está casi ausente.

Marcelina Bautista Bautista, Directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, A.C. y Secretaria General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadora del Hogar (Conlactraho), que actualmente agrupa a 15 países, recordó que este 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

Actualmente, informó, la Conlactraho promueve la firma de un convenio con la Organización Intermacional del Trabajo para que reconozca los derechos de los y las trabajadoras del hogar, a fin de elaborar instrumentos que permitan mejorar la situación precaria en que laboran miles de trabajadoras domésticas en el mundo.

Al referirse a la propuesta de reforma laboral que presentó el PAN en días pasados, dijo que quedará “a medias” en tanto no se reconozca el pleno derecho de las y los trabajadores del hogar.

Se pronunció por un trabajo decente, digno, mejores salarios, seguridad social, mediante contrato, acceso efectivo a mecanismos judiciales, leyes de protección laboral, derecho a vacaciones y a organización sindical, entre otros. Concluyó su intervención señalando que, al reclamar sus derechos, es necesario que las trabajadoras “también conozcan sus obligaciones y se desempeñen profesionalmente”.

Por su parte, el diputado José Arturo López Cándido, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la ALDF, afirmó que es necesario crear un tribunal específico para dirimir las cuestiones laborales de las y los trabajadores domésticos.

La propuesta del PT en la ALDF, dijo, es la creación de una comisión especial que convoque a los trabajadores del sector a organizarse, de manera que la legislación del sector sea transversal.

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